Israel entrega a Micheletti su "arma secreta para revoltosos”
Por: Jean Guy Allard
Fecha de publicación: 02/10/09
“Gracias al ejército israelí”, anuncia un diario de Tegucigalpa, la Policía Nacional tiene el cañón sónico que ahora es “utilizado para neutralizar a los violentos miembros de la resistencia”.
Después del LRAD, también proveído por Israel a través de una firma local propiedad de un ex militar israelí que trabajo con la CIA, las tropas del dictador hondureño Micheletti se beneficia de lo que La Tribuna califica de la “tecnología de punta que les ha ayudado a bajar la violencia entre los seguidores de Manuel Zelaya”.
Llamado el “Screamer” (“El Gritón”), el equipo es, según el rotativo golpista, utilizado por primera vez “públicamente” en Honduras. No se precisa si los técnicos encapuchados de la policía que lo manipulan son hondureños o si, como es probable, pertenecen a las fuerzas armadas sionistas.
Dice textualmente La Tribuna que se trata de “la última arma secreta en dotación desde hace tiempo por el ejército de Israel, usada públicamente sólo ahora después de muchos años de experimentación”.
LA MULTITUD “SE CONTUERCE DEL DOLOR”
Señala el texto anónimo del diario como al ocurrir una concentración de manifestantes, “pasa un carro blanco con dos policías e igual número de militares, con dos aparatos desconocidos, semejantes a parlantes de sonidos, pero no de los convencionales, se miran modernos”.
Y precisa con el mismo cinismo: “Pocos segundos después emite un sonido que corta el aire: La multitud agitada, cae en pánico, se tapa los oídos y se contuerce del dolor”.
El periódico, otro vocero del nuevo poder fascista no precisa cuantas veces el arma ha sido experimentada por Israel contra los Palestinos pero explica como “sin ser un arma mortal”, el Screamer “puede provocar convulsiones, nauseas y terribles dolores de cabeza, a muchos metros de distancia”.
Con un evento orgullo, el periódico que pertenece al capo golpista Carlos Roberto Facussé, ex presidente de Honduras, señala que el uso del equipo “es un evento sin precedentes, que representa un significativo cambio en las tácticas de guerrilla urbana”.
“Gracias al ejército israelí, ahora lo tiene Honduras”, concluye con una evidente satisfacción el autor del texto, evidentemente bien conectado al aprato policial.
El articulo de La Tribuna ofrece una respuesta a las interrogaciones que surgieron después de revelarse, hace unos días, la presencia de aparatos LRAD a proximidad de la embajada de Brasil donde se encuentra el Presidente legitimo de Honduras, Manuel Zelaya.
Imágenes tomadas por un fotógrafo de la resistencia popular en el medio de los incidentes denunció la presencia del aparato de tipo LRAD ("long range acoustic device") de fabricación norteamericana capaz de emitir un sonido estridente que puede causar daños graves al oído de sus víctimas.
Las fotos revelaron también al lado de los operadores del LRAD, la presencia de técnicos, con casco de la policía y encapuchados, que usaban un aparato cuyas características quedaban por descubrir.
Era nada menos que este Screamer cuyos sonidos, efectivamente, provocaron un grave malestar, entonces inexplicable, a todas las personas presentes en la representación diplomática de Brasil, una violación evidente de todos los convenios internacionales en materia del respeto y de la protección que deben otorgar las naciones a las embajadas en su territorio.
El propio presidente Zelaya acusó en varias entrevistas las tropas de la dictadura de usar tales instrumentos de represión. La prensa internacional, en mayor parte propiedad de grandes monopolios, dio poca difusión a estas informaciones.
El propio dueño de La Tribuna, el golpista multimillonario Facussé, pertenece a la Sociedad Interamericana de Prensa, que consagra su dinero y su tiempo a atacar a los líderes progresistas de América Latina desde su cuartel general de Miami.
Poco después de revelarse la existencia del LRAD, se denunció que Yehuda Leitner, ex oficial israelí radicado en Honduras, era el proveedor de armas “novedosas” y de gases asesinos a la dictadura hondureña.
Se supo también que este veterano del negocio de la muerte pertenecía, en los años 80, a la red de contrabando del multimillonario Gerard Latchinian, que abastecía en armas a los agentes CIA y terroristas cubanoamericanos Felix Rodriguez y Luis Posada Carriles en sus operaciones luego conocidas cómo escandalo Iran-Contra.
Elemento nuevo: el contrabandista Latchinian fue liberado en el 2002 por la justicia de Bush, después de cumplir solo 18 años de la sentencia de 30 a la cual había sido condenado una gigantesca operación de narcotráfico a favor de la Contra nicaragüense.
http://www.aporrea.org/tiburon/a87591.html
Dos ex-presidentes hondureños tras el Golpe de Estado:
Los ex presidentes Flores Facussé y Ricardo Maduro, autores materiales del golpe a Zelaya
Por: Blanche Petrich-La Jornada
Fecha de publicación: 02/10/09
El gobierno constitucional de Honduras señaló como las principales cabezas del golpe de Estado del 28 de junio a los dos ex presidentes que antecedieron al depuesto Manuel Zelaya en el cargo, Carlos Roberto Flores Facussé (1998-2002) y Ricardo Maduro (2002-2006); a los propietarios de 90 por ciento de los medios de comunicación, Jorge Canahuati (dueño de /El Heraldo/ y /La Prensa/), José Rafael Ferrari (Emisoras Unidas y Televicentro) –un tercer magnate de medios es el propio Flores Facussé, dueño del principal diario, /La Tribuna/)– y a tres empresarios más que controlan monopolios en la banca, tiendas comerciales, empresas generadoras de electricidad y la intermediación con las trasnacionales petroleras, Camilo Atala, Freddy Nasser y Arturo Corrales.
En una detallada descripción de lo ocurrido desde el día del golpe a la fecha, denominado "documento preliminar", el gobierno de Zelaya afirma que estos son los autores materiales de la ruptura constitucional en una "primera categoría".
En este mismo rango acusa a los candidatos a la presidencia Elvin Santos, del Partido Liberal (el mismo de Zelaya), y Porfirio Lobo, del Partido Nacional. Ambos dirigentes convocaron a sus bancadas y aseguraron la mayoría parlamentaria que "rompiendo el orden constitucional" determinara la destitución de Zelaya y el nombramiento del presidente /de facto/ Roberto Micheletti, después de alegar la existencia de una carta de renuncia del presidente que a la postre resultó apócrifa.
El documento les atribuye una responsabilidad de "segunda categoría" a Micheletti, al fiscal general del Estado Luis Alberto Rubí, al presidente de la Suprema Corte de Justicia Jorge Alberto Rivera, al magistrado Tomás Arita y al cardenal Oscar Andrés Rodríguez.
Como ejecutores materiales señala a la cúpula castrense: el jefe del estado mayor conjunto general Romeo Vázquez, los jefes de las tres armas –general Miguel Ángel García, general Luis Prince Suazo y contralmirante Juan Pablo Rodríguez; al general Daniel López Carballo, ex jefe del estado mayor conjunto en el gobierno del ex presidente Flores Facussé y al capitán Billy Joya Améndola, actualmente ministro consejero de Micheletti.
Joya es, efectivamente, una "joya": cuando era un joven oficial fue entrenado en los años 70 en Argentina a la sombra de Guillermo Suárez Mason –uno de los principales represores de la dictadura militar, a quien se le responsabiliza, entre otros crímenes, por el robo de centenares de bebés– y regresó a Honduras en los años 80 para comandar el Batallón de Inteligencia 3-36, encargado del secuestro y desaparición de opositores políticos, y fundó escuadrones de la muerte como /Lince/ y /Cobra/. El ex militar tiene varios juicios penales pendientes, lo que no impidió su nombramiento en un puesto clave de la presidencia impuesta.
El Informe Preliminar enlista los siguientes delitos y violaciones al derecho cometidas por los golpistas: asalto, secuestro y destierro de Zelaya y la fabricación posterior de una causa sin juicio ni debido proceso; delito de falsificación de documentos públicos (la falsa renuncia de Zelaya), participación del fiscal y magistrados de la Corte en la conspiración para el golpe de Estado, persecución política a miembros del gabinete, ilegalidad y violación de derechos individuales y usurpación de funciones.
En este último delito incurren todos los funcionarios del régimen golpista, en el que, según la radiografía realizada por el gobierno constitucional, sobresalen parientes y colaboradores cercanos de Flores Facussé y ex colaboradores y familiares de miembros de ex gobiernos golpistas y militares.
Entre otros, figuran la ministra de Finanzas Gabriela Núñez, que ocupó el mismo cargo en el gobierno de Flores y es hija de un ministro de la dictadura de Oswaldo López Arellano; el canciller Carlos López Contreras, diplomático que defendió la presencia de la contrarrevolución nicaragüense en Honduras en los críticos años 80; vicecanciller Marta Lorena Alvarado, hija de otro ministro de la dictadura del coronel López Arellano, y Rafael Pineda, ex presidente del Congreso durante el régimen de Flores y funcionario del gobierno del general Policarpo Paz.
http://www.aporrea.org/internacionales/a87601.html
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