Las zonas residuales y la Defensa Nacional
Por: Alberto Müller RojasFecha de publicación: 02/10/06
La mayor parte de nuestras zonas limítrofes corresponden a lo que en términos geopolíticos se denomina como espacios residuales. Estos son zonas fuera del área efectiva del Estado. Un área caracterizada por su contribución positiva al sostenimiento económico del país, y definida por la presencia de una red vial y comunicacional que permiten los flujos intersocietales (comercio, migraciones e ideas). Tales espacios residuales, por el contrario, tienen densidades de población menores a 10 habitantes por kilómetro cuadrado, carecen de sistemas viales, tienen insuficiencias en los servicios estatales normales, entre ellos los de telecomunicaciones, educación, salud, seguridad social, y no ofrecen las formas de estabilidad y seguridad que garantiza el Estado. Se trata de áreas incapacitadas en esas condiciones para soportar operaciones económicas que tiendan a la producción masiva de “bienes” de consumo. En nuestro caso, la mayor parte de estos espacios están cubiertos por selvas tropicales húmedas generadoras de importantes corrientes de agua dulce, además de poseer substanciales reservorios de minerales estratégicos. Un hecho que los convierte en zonas de valor geopolítico y, por ende, en objetivos estratégicos para las grandes potencias que tienen intereses hegemónicos dentro del sistema internacional.Con ese carácter de objetivo estratégico, los EEUU, en asociación con la oligarquía venezolana, habían venido desarrollando una estrategia de doble acción sobre nuestros espacios residuales limítrofes. Por una parte, su militarización bajo la coartada de las guerras contra el narcotráfico y el terrorismo. Las confrontaciones espectáculo que permiten a esa hiperpotencia la intervención militar directa en aquellas áreas que son de su interés geopolítico, cuando las sienten amenazadas por sus rivales o por fuerzas internas del país que antagonizan el esquema de dominación institucionalizado. Por otra parte, la socialización de los aborígenes en el marco de la cultura capitalista, a través de misiones religiosas como la de las “Nuevas Tribus”. Con la primera línea de acción se pretende negar el acceso a esas regiones proverbialmente usadas como refugios, a nacionales y extranjeros marginales, para sobrevivir en ellas dentro de una economía de subsistencia, con prácticas tradicionales de carácter artesanal, especialmente vinculadas en nuestra Amazonia y Orinoquia con la minería de metales preciosos. Esas poblaciones les representaban un riesgo a sus intereses, pues, al adquirir derechos sobre esos espacios, impedían su apropiación progresiva por parte de empresas –en su mayoría transnacionales- para la explotación industrial de tales recursos, con la correspondiente incorporación de su producción al mercado globalizado. Y la aplicación de esa estrategia no era una tarea para unidades militares o paramilitares organizadas y apoyadas desde el Pentágono, o por servicios de seguridad mercenarios financiados directamente por el tesoro de los EEUU. Era una actividad realizada por la organización militar venezolana, en el papel de fuerza pretoriana que le asignase el régimen consensual acordado mediante el llamado Pacto de Punto Fijo, directamente asociado con la estructura de poder usamericana. Servía el “combate” a estos “enemigos” para justificar las adquisiciones de armas, protegidas por un supuesto secreto estratégico, generadoras de jugosas comisiones para la cúpula militar, con las cuales se compraba su lealtad a los intereses de un régimen coaligado mediante el Tratado Interamericano de Defensa (TIAR) con el aparato de poder yanqui. En esas condiciones, era suficiente vincular esos grupos indómitos con las actividades del narcotráfico o el terrorismo, para legalizar el empleo extrajudicial de la fuerza en reemplazo de la acción policial, enmarcada en el derecho, que haría efectiva la presencia del Estado, con su papel ordenador y estabilizador, en esas regiones.
Por su parte, la aculturación de la población indígena, a través de la socialización alienante, tendría un doble propósito. En el corto plazo, y dentro de las prácticas del colonialismo, su incorporación como fuerza de trabajo barata para las actividades productivas de las empresas que allí se fuesen estableciendo. Pero en el largo plazo, la creación de una base poblacional, con un potencial secesionista, que permitiese eventualmente la creación de un Estado virtual, dependiente del Imperio en calidad de protectorado. La labor que trató de hacer Reagan con los indios miskitos en su agresión a Nicaragua. De ese modo se obtendría contingentemente el dominio de esa zona con valor geopolítico, que le daría ventajas estratégicas al gobierno de Washington para adelantar sus aspiraciones de controlar unilateralmente el sistema internacional. Lógicamente, la decisión gubernamental de expulsar las llamadas “Nuevas Tribus” reduce considerablemente este riesgo, aun cuando se tiene que considerar que parte del daño ya esta hecho.
Pero esa decisión liberadora tuvo como resultado una profundización de la militarización de esos espacios. No tenían las instituciones del poder nacional, ni las de los poderes estadales ni locales, las capacidades para extender su ámbito de acción hasta esos grandes espacios carentes de infraestructuras de toda naturaleza suficientes para soportar las operaciones administrativas de esas instancias de gobierno. La solución al problema fue la aplicación, para la población indígena de esas regiones, de los programas sociales de emergencia diseñados dentro de la política inclusiva implementada en el área efectiva del Estado con propósitos incorporadores de la marginalidad. Una gestión que sería apoyada y coordinada, no sin dificultades, por los medios logísticos de la FAN. De hecho ha representado un esfuerzo considerable el reentrenamiento del personal de oficiales y tropas para cambiar sus técnicas operacionales asociadas al empleo convencional de los equipos, en acciones bajo condiciones inusuales. Tal vigor ya ha representado pérdidas irrecuperables en vidas humanas y daños materiales significativos que consumen los recursos dedicados a la defensa nacional. Pero ninguna política ha sido formulada para atender los grupos indómitos de venezolanos, e incluso extranjeros refugiados en el territorio nacional, cuyo devenir es sostenido en esas apartadas regiones por sus actividades económicas de subsistencia. Sin dudas, esas labores tienen una alta potencialidad depredadora del ambiente, especialmente potenciada por la forma desordenada como se realizan. Pero en términos generales, ellas no son más dañinas que la mayor parte de las actividades productivas organizadas realizadas con escasos controles estatales. La diferencia es la indefensión de los primeros, frente al poder de los últimos.
Bajo estas circunstancias los actores militares con presencia en el área, a quienes se les ha dado las funciones policiales referentes al mantenimiento de la seguridad y el orden público, continúan procediendo, dentro de la fuerza de la inercia, con las prácticas extrajudiciales que caracterizaron la acción castrense en las áreas fronterizas. Se olvidan de la condición de ciudadanos que tienen los miembros de esas poblaciones que les da el derecho de libre transito por el territorio nacional y de emprender en él las actividades económicas que les faciliten su desarrollo físico y psicológico. No hay diferencia entre el uso que le dan estos informales a los espacios residuales, al que le dan los buhoneros a los espacios públicos urbanos. Con la excepción de que los últimos actúan en áreas sujetas al escrutinio público, y los primeros lo hacen en espacios apartados despoblados. De modo que así como los informales urbanos no pueden ser considerados como enemigos invasores, ni siquiera como delincuentes, aquellos tampoco deben considerarse como contendientes y sus acciones, en caso de ser delictivas, no pueden reprimirse de otra forma sino dentro del ámbito jurisdiccional.. No obstante, muchos de los conductores militares que dirigen estas operaciones continúan actuando dentro del dogmatismo impuesto por la doctrina difundida por las misiones militares estadounidenses durante el medio siglo que estuvieron tutorando nuestro desarrollo militar. Perdieron la capacidad de pensar para diseñar conductas apropiadas para la defensa del Estado, que bajo ninguna circunstancia esta amenazada por los sectores excluidos de nuestra sociedad.
Obviamente la acción encomendada al Comando Estratégico Operacional en los espacios residuales fronterizos, dado su valor geopolítico intrínsico, debe considerarse como una operación de defensa. Pero ella se ubica más en el ámbito de la estrategia genética (fortalecimiento del poder), que en el correspondiente al de la estrategia operacional. Por sus características geográficas, y en el marco de nuestra hipótesis de guerra más probable, planteada dentro de los lineamientos de la guerra asimétrica, esas zonas tienen un valor táctico inestimable. Constituyen una barrera casi insalvable para todo tipo de operaciones convencionales, especialmente aprovechable dentro de una praxis sustentada en una noción extremada de la defensa móvil. Pero esa utilización demanda la construcción de un mínimo de infraestructuras capaz de soportar las operaciones tácticas, y desde luego, con aplicación civil, dentro de un plan de desarrollo sustentable que no afecte los rasgos básicos ambientales que le proporcionan su importancia geopolítica para Venezuela. Un proyecto que no puede ignorar la población, incluyendo el sector marginal segregado de la sociedad moderna. Se trata de formular una estrategia, no para el combate, sino para el desarrollo dentro de las misiones generales que se le adjudican a la FA, y la específica que en ese campo se le asigna a ese Comando Estratégico Operacional.
http://www.aporrea.org/tiburon/a25775.html
