TeleSUR _ 07-07-2010
Diputados de la oposición en Costa Rica buscarán este martes que la Corte Constitucional prohíba el ingreso a su soberanía marítima de 48 de embarcaciones militares y más 7 mil soldados estadounidenses para el supuesto combate al narcotráfico, aprobado por la Asamblea Legislativa (Parlamento) el pasado jueves.
El diputado del opositor Partido Unidad Social Cristiana, Luis Fishman, ex candidato presidencial y ex ministro de Seguridad, informó que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte, con la finalidad de que anule el acuerdo con Washington.
Para Fishman la decisión del Congreso "va más allá" del convenio de patrullaje conjunto y que la presencia de buques, aviones y helicópteros artillados estadounidenses "convertirá a Costa Rica en la base naval más grande de Estados Unidos en el mundo".
De igual forma, grupos civiles y sindicales consideran que el ingreso de fuerzas extranjeras implicaría una violación a la soberanía de Costa Rica y que el Gobierno está propiciando una invasión militar de Estados Unidos.
La mandataria costarricense, Laura Chinchilla, indicó este martes que el convenio servirá para el supuesto combate al narcotráfico y rechazó que el acuerdo represente un riesgo para la soberanía del país.
"Garantizo que estos convenios son los mismos (que se han firmado en los últimos 10 años) y no voy nunca a exponer al país a un incumplimiento constitucional y muchísimo menos a una militarización de la lucha antidrogas", declaró Chinchilla un programa de radio local.
La Asamblea Legislativa costarricense renovó el convenio de vigilancia conjunta contra el narcotráfico en aguas costarricenses para el período comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2010, el cual ha sido renovado año a año desde 2000.
La diferencia entre este nuevo convenio y los anteriores es que existe la posibilidad de que unos 7 mil oficiales y 48 embarcaciones estadounidenses puedan participar, lo que ha despertado fuertes críticas en un país que renunció a los temas militares al abolir su Ejército en 1948.
La mandataria anunció que su Gobierno tiene la intención de revisar los convenios antidrogas con el país norteamericano para ampliarlos a no sólo vigilancia marítima sino aérea y de detención de lanchas rápidas que naveguen más cerca de la costa del país centroamericano.
Este tipo de convenios militares con Estados Unidos han sido rechazados por la mayoría de los países de la región por considerarlos como una acción intervencionista que pone en riesgo la seguridad del bloque.
Un ejemplo de ello es el repudio expresado por los mandatarios de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Cuba, entre otros, a la instalación de siete bases estadounidenses en Colombia.
Las bases que serán tomadas por Estados Unidos son la del Ejército en Larandia (sur, departamento de Caquetá) y Tolemaida (centro, Cundinamarca y Tolima); las aéreas de Malambo (norte, Atlántico), Palanquero (centro, Cundinamarca) y Apiay (sur, Meta), así como en las navales de Cartagena (norte) y Málaga, en el Pacífico.
Estas instalaciones militares, según el presidente de Ecuador, Rafael Correa, pretenden "otros objetivos: controlar la región, enfrentar, crear conflictos armados en los países que no van en la línea de EE.UU., que Estados Unidos los considere enemigos, parte del eje del mal, etcétera".
De igual forma, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, expresó el pasado viernes que espera que el nuevo Gobierno de Colombia retire de ese territorio las bases militares de Estados Unidos (EE.UU.).
Diputados de la oposición en Costa Rica buscarán este martes que la Corte Constitucional prohíba el ingreso a su soberanía marítima de 48 de embarcaciones militares y más 7 mil soldados estadounidenses para el supuesto combate al narcotráfico, aprobado por la Asamblea Legislativa (Parlamento) el pasado jueves.
El diputado del opositor Partido Unidad Social Cristiana, Luis Fishman, ex candidato presidencial y ex ministro de Seguridad, informó que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte, con la finalidad de que anule el acuerdo con Washington.
Para Fishman la decisión del Congreso "va más allá" del convenio de patrullaje conjunto y que la presencia de buques, aviones y helicópteros artillados estadounidenses "convertirá a Costa Rica en la base naval más grande de Estados Unidos en el mundo".
De igual forma, grupos civiles y sindicales consideran que el ingreso de fuerzas extranjeras implicaría una violación a la soberanía de Costa Rica y que el Gobierno está propiciando una invasión militar de Estados Unidos.
La mandataria costarricense, Laura Chinchilla, indicó este martes que el convenio servirá para el supuesto combate al narcotráfico y rechazó que el acuerdo represente un riesgo para la soberanía del país.
"Garantizo que estos convenios son los mismos (que se han firmado en los últimos 10 años) y no voy nunca a exponer al país a un incumplimiento constitucional y muchísimo menos a una militarización de la lucha antidrogas", declaró Chinchilla un programa de radio local.
La Asamblea Legislativa costarricense renovó el convenio de vigilancia conjunta contra el narcotráfico en aguas costarricenses para el período comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2010, el cual ha sido renovado año a año desde 2000.
La diferencia entre este nuevo convenio y los anteriores es que existe la posibilidad de que unos 7 mil oficiales y 48 embarcaciones estadounidenses puedan participar, lo que ha despertado fuertes críticas en un país que renunció a los temas militares al abolir su Ejército en 1948.
La mandataria anunció que su Gobierno tiene la intención de revisar los convenios antidrogas con el país norteamericano para ampliarlos a no sólo vigilancia marítima sino aérea y de detención de lanchas rápidas que naveguen más cerca de la costa del país centroamericano.
Este tipo de convenios militares con Estados Unidos han sido rechazados por la mayoría de los países de la región por considerarlos como una acción intervencionista que pone en riesgo la seguridad del bloque.
Un ejemplo de ello es el repudio expresado por los mandatarios de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Cuba, entre otros, a la instalación de siete bases estadounidenses en Colombia.
Las bases que serán tomadas por Estados Unidos son la del Ejército en Larandia (sur, departamento de Caquetá) y Tolemaida (centro, Cundinamarca y Tolima); las aéreas de Malambo (norte, Atlántico), Palanquero (centro, Cundinamarca) y Apiay (sur, Meta), así como en las navales de Cartagena (norte) y Málaga, en el Pacífico.
Estas instalaciones militares, según el presidente de Ecuador, Rafael Correa, pretenden "otros objetivos: controlar la región, enfrentar, crear conflictos armados en los países que no van en la línea de EE.UU., que Estados Unidos los considere enemigos, parte del eje del mal, etcétera".
De igual forma, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, expresó el pasado viernes que espera que el nuevo Gobierno de Colombia retire de ese territorio las bases militares de Estados Unidos (EE.UU.).
teleSUR-Afp-Efe/ dag - MM
Gobierno costarricense niega militarización del país por permiso otorgado a fuerza naval de EE.UU
TeleSUR _ 05-07-2010
Gobierno costarricense niega militarización del país por permiso otorgado a fuerza naval de EE.UU
TeleSUR _ 05-07-2010
El Gobierno costarricense negó este domingo que haya intenciones de que el país sea militarizado por Estados Unidos a pesar de haber autorizado el arribo al país de unos 48 buques de guerra y más de 7 mil efectivos de las fuerzas navales, con inmunidad plena, para el 1 de julio.
Esta resolución del Parlamento ha generado una ola de controversias en el país donde la oposición expresó su rechazo a la disposición que propicia una ocupación militar de parte de EE.UU.
Este viernes, la Asamblea Legislativa costarricense aprobó con 31 votos a favor y ocho en contra una solicitud del Ejecutivo de permitir el ingreso de las fuerzas navales norteamericanas con la excusa de combatir el narcotráfico.
Ante esta decisión, partidos costarricenses como Acción Ciudadana (PAC), Frente Amplio (FA) y Unidad Social Cristiana (PUSC) manifestaron su rechazo ante la medida por considerar que la cantidad de militares estadounidenses en el país es desproporcionada en relación con la labor que supuestamente vienen a cumplir.
El Ejecutivo ha explicado que esta presencia militar sirve para reforzar el trabajo que los guardacostas estadounidenses viene realizando desde hace 11 años en el territorio para hacer frente al tráfico de drogas, lo cual se hace en conjunto con las autoridades costarricenses.
A través de la red social Facebook, la mandataria del país centroamericano, Laura Chinchilla, indicó que su administración no tenía intenciones de convertir la lucha contra el narcotráfico en un asunto militar.
Agregó que el ministro de Seguridad costarricense José María Tijerino explicaría este lunes los detalles del acuerdo firmado con Washington.
No obstante, el ministro de Seguridad adelantó en unas declaraciones ofrecidas a la prensa local que los militares de EE.UU. vienen al país para respaldar a los guardacostas por unos seis meses, por lo tanto estarán bajo su mando.
También dijo que los más de 7 mil efectivos no arribarán al territorio al mismo tiempo ni sustituirán a los efectivos policiales costarricenses.
Comentó que era necesario este apoyo de parte del Ejército naval del país del norte debido a que la lucha contra el tráfico de estupefacientes sigue perdiéndola tanto las autoridades estadounidenses como las costarricenses.
El jefe de la policía antidrogas del país latinoamericano, Mario Boraschi, declaró también a la prensa que era mejor ver circular por las calles soldados norteamericanos que a sicarios y traficantes de droga.
Ante esta situación, que para muchos en el país es una violación a la soberanía nacional, el diputado Luis Fishman, del PUSC, anunció que presentaría una acción de inconstitucionalidad contra la medida legislativa porque considera que transgrede principios fundamentales de la Carta magna.
El parlamentario aclaró que la Constitución del país especifica que el Congreso es el que debe autorizar el ingreso de naves y aviones militares en cada caso en particular y no de forma masiva.
Adicionalemente, movimientos sociales y civiles han expresado su desaprobación a través de la Internet.
Una de las mayores preocupaciones que genera en la población el ingreso de militares estadounidenses a Costa Rica es que los soldados gozarán de un permiso especial que impide que sean detenidos o juzgados por algún delito que pudieran cometer en el territorio.
Costa Rica no es la única nación latinoamericana que tiene presencia militar estadounidense. A finales de 2009 el Gobierno colombiano firmó una autorización que para que fueran instaladas en el país siete bases militares de la nación norteamericana.
Sin embargo, el país andino ha permitido el ingreso de marines estadounidenses desde 1991, cuando se concibió el Plan Colombia, supuestamente diseñado también para la lucha contra el narcotráfico.
El pasado mes de mayo sectores políticos de Panamá se pronunciaron en contra de la existencia de tropas militares de EE.UU. en la provincia de de Dairén, fronteriza con Colombia.
teleSUR - Afp - Univisón - El heraldo /jl - MM
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